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Ley de Baldíos: Amenaza del acceso a la tierra para la población campesina
Especiales - Noticias
Jueves, 14 de Noviembre de 2013 18:00

Aida Pesquera
Aida Pesquera, Directora de Oxfam de Colombia
Líderes campesinos, organizaciones nacionales e internacionales hicieron serios reparos al Proyecto de Ley de Baldíos o 'Ley Urrutia': La anunciada Ley de Baldíos amenaza el mandato constitucional de garantizar el acceso a la tierra para la población campesina. [Video]

  • Organizaciones campesinas, ONGs e investigadores de centros de pensamiento independientes de Colombia, argumentaron que el gobierno pretende legalizar la acumulación de tierras con el proyecto de Ley de Baldíos. Además, coincidieron en que contradice el espíritu de los acuerdos logrados en las negociaciones de paz.


Bogotá.— El Gobierno no ha consultado a los campesinos para la construcción de una verdadera política nacional para el campo, es una de las conclusiones a la que llegaron los representantes de las principales organizaciones campesinas de Colombia, que sentaron su posición con respecto a las potenciales amenazas que presenta el Proyecto de Ley de terrenos Baldíos, elaborado por el Gobierno Nacional.

El evento, organizado por Oxfam, Planeta Paz, Codhes, Cinep, la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, Dignidad Agropecuaria, Dignidad Cafetera y la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, pretendió ofrecer argumentos, análisis e interpretaciones del proyecto de Ley de Baldíos (también conocida como ‘Ley Urrutia’), por parte de las organizaciones de base, organizaciones nacionales y organizaciones de cooperación internacional, con énfasis en los impactos para el sector campesino, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural incluyente.

En el marco del encuentro, los principales líderes de la escena campesina nacional y las organizaciones nacionales e internacionales coincidieron en que la anunciada Ley de Baldíos amenaza el mandato constitucional de garantizar el acceso a la tierra para la población campesina. Además, el proyecto tal como está concebido, legaliza las prácticas irregulares de adquisición masiva de tierras por sectores empresariales, nacionales y extranjeros e introduce condiciones que prácticamente imposibilitan el acceso a la tierra por parte de los pequeños productores.

Eudoro Álvarez
Eudoro Álvarez, Representante de la organización Dignidad Agropecuaria
Recordó que las inversiones en altillanura son para la especulación inmobiliaria, no de producción de alimentos por lo que los campesinos son excluidos de esa manera.

 

Martha Reyes
Martha Reyes, Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas
Dijo que la ley “desconoce que hay inequidad, con miles de campesinos requiriendo acceso a las tierras”.

 

Juan Armando Fuentes
Julio Armando Fuentes, Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA)
Señaló que en Colombia “no hay una política agraria que incluya los intereses de los campesinos, solo incluye a las grandes multinacionales y eso desestimula la pequeña producción campesina. Necesitamos que el gobierno atienda las causas que originaron el Paro Nacional Agrario”, señaló.

 

Javier Medina
Javier Mednia, Cinep
Dijo que el proyecto “no reconoce el potencial económico de los sistemas productivos alternativos, genera una total inseguridad jurídica”.

 

Carlos Salgado
Carlos Salgado, Planeta Paz
Fue enfático al afirmar que “el Ministro (de Agricultura) comete una usurpación a la ley al pretender desconocer el espíritu de la ley anterior. Además, el proyecto avala la ineficiencia del empresariado agroindustrial en Colombia”.

 

Marco Romero
Marco Romero, Codhes
Afirmó que “hay enormes niveles de concentración de la tierra, una tradición de exclusión campesina con 6 millones de hectáreas despojadas y no se ha hecho una reforma agraria democrática y moderna”.

 

César Pachón
César Pachón, Representante de Dignidad Papera
Son muchos los problemas en el campo colombiano, el Estado ha incumplido los acuerdos, los costos de producción son muy elevados; los insumos tienen precios altos, no hay precios de sustentación; no hay un mercado organizado; el contrabando afecta el comercio de los campesinos; los intermediarios son quienes encarecen los productos y el campesino no se beneficia; no hay carreteras o vías adecuadas, los Tratados de Libre Comercio también afectan a los cultivadores; no debe haber importación de productos alimenticios; los productos campesinos son vendidos por debajo del costo; los campesinos no pueden competir con mercados extranjeros, entre otros muchos inconvenientes que tiene el agro colombiano.

 

Finalmente, Aida Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, concluyó que el proyecto con su propuesta de asociatividad, no permitiría que Colombia cumpla con compromisos internacionales de gobernanza sobre la tierra: los campesinos se convierten en jornaleros, con empleos de muy mala calidad, se endeudan con créditos que no pueden pagar y ponen en riesgo sus tierras. Es una propuesta basada en profundas asimetrías”.  La directora de Oxfam dijo que Colombia necesitaría en el corto plazo poder avanzar en asegurar que haya medidas favorables a los campesinos y propuso que se decreten moratorias en la adquisición de tierras con antecedentes de baldíos.

 

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